Guía de empresas y servicios

El juez Pablo Ruz, que instruye el 'caso Gürtel', ha reclamado este viernes a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si los exdiputados regionales del PP Alberto López Viejo y Alfonso Bosch recibieron pagos.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno autonómico el plazo "improrrogable" de un mes para que le remita "toda la documentación que obre en su poder sobre la adjudicación y facturación"

de esos actos, que van desde la conmemoración del 25 aniversario de los Ayuntamientos democráticos el 21 de junio de 2004 a uno celebrado en una residencia de mayores en diciembre de 2006.

Los actos cuya adjudicación se investiga son de todo tipo, y van del primer aniversario de los atentados del 11-M (11/3/2005) al homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco (11/7/2005), pasando por la visita de Bill Gates (19/11/2004), la firma de un convenio con el Real Madrid (2476/2005) o uno al que el auto se refiere como "cuadro Gallardón" (28/04/06).

El magistrado acuerda estas diligencias a raíz de la documentación intervenida en la "caja B" encontrada en una de las oficinas de la empresa Easy Concept y, sobre todo, de las facturas incluidas en un archivo informático hallado en el domicilio de su responsable e imputada en la causa, Isabel Jordán.

Ese archivo lleva el nombre 'Pagos anuales ALV.xls', siglas que coinciden con las del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

La Fiscalía, en vista de esa documentación, solicitó al juez que, como ha hecho ahora, reclamara la referida "a actos y contratos adjudicados por distintas entidades públicas por los que habrían podido recibir pagos alguno de los imputados en esta causa -Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, entre otros-". Ruz considera "pertinentes, necesarias y útiles" las diligencias solicitadas por el fiscal para indagar "los ingresos y salidas efectuados en dicha 'caja B', especialmente en lo relativo a los pagos que se hubieran podido efectuar a altos cargos públicos, así como en los movimientos de dinero efectuados entre mercantiles vinculadas a los imputados en la causa".

Además de los 317 contratos ya citados, el juez requiere a la Comunidad de Madrid para q.jpg" alt="" />

La Dirección General de Consumo del Gobierno aragonés ha abierto expedientes sancionadores a las autoescuelas de Zaragoza que ofertaron carnés de conducir a un precio mayor para las mujeres.

Según informa en un comunicado la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que denunció esta iniciativa en noviembre de 2011 por discriminatoria, los expedientes sancionadores, cuya incoación han confirmado fuentes del Gobierno aragonés, afectan a tres autoescuelas de la capital aragonesa, Cromax, Las Fuentes y Zaragoza RACC.La investigación realizada por los consumidores revela que las tres autoescuelas denunciadas ofrecían a los chicos de 18 a 22 años un precio fijo garantizado para la obtención del carné de 665 euros, cantidad que elevaban a 885 euros para las chicas de la misma edad.

Añaden que aunque en las sedes de las referidas autoescuelas se publicitaba un precio fijo para ambos sexos de 665 euros, en sus páginas web se ofrecían tarifas diferenciadas para chicos y chicas.

En su escrito, la UCA asegura que las ofertas eran "totalmente discriminatorias" para la mujer y violaban el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad de hombres y mujeres ante la ley.

Incumplían la igualdad de acceso a bienes y servicios

Añade esta organización que la oferta incumplía la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 2007, que promueve la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios.

Desde la Unión de Consumidores de Aragón ya se valoró el pasado mes de noviembre la decis.jpg" alt="" />